19/05/2026
Lo que el PDG aprobó ayer en la comisión de medio ambiente, sin términos raros:
→ Si a una empresa le anulan un permiso para construir una mina, una termoeléctrica o una salmonera porque estaba mal dado, el Estado le devuelve la plata invertida. Es decir: tu plata. Sólo en el caso de Collahuasi, en Tarapacá, son 3.200 millones de dólares en juego.
→ Las salmoneras se mueven de un lugar a otro del mar sin volver a pedir permiso. Los fiordos del sur quedan más expuestos a la contaminación.
→ Si una comunidad va a los tribunales para frenar una obra que la daña, los jueces sólo pueden detenerla 30 días. Después la obra sigue, aunque el juicio recién empiece.
→ Las comunidades pierden el camino más barato y rápido para reclamar contra un permiso mal dado. Ahora tienen que pagar abogados y meterse a juicios largos.
→ La protección de áreas naturales se posterga 5 años más. Bosques, humedales y sitios que iban a ser cuidados quedan en pausa.
→ Los sitios arqueológicos se pueden intervenir mandando sólo un correo electrónico.
Todo eso, a cambio de una ayuda para comprar pañales y remedios. 100 millones de dólares al año, con muchísimas condiciones: sólo el 80% más vulnerable, sólo con boleta electrónica, sólo para guaguas y adultos mayores con receta. Lo que parece un alivio es la moneda chica del trueque.
Y acá viene lo más grave: esta ley se firma por 25 años. No se puede tocar.
Las niñas y niños que hoy tienen 5 años van a votar por primera vez en 2039 sin poder cambiar nada de lo que se decidió esta semana. Los que nacen este 2026 van a cumplir 18 con las mismas reglas. Sus hijos —tus nietos— van a heredar un mar con más jaulas, un norte con menos control sobre las mineras, comunidades sin herramientas para defenderse, y un Estado endeudado pagándole a empresas privadas.
Votar hoy comprometiendo a generaciones que ni siquiera nacieron no es democracia. Es dejarles a los que vienen una herencia que no pueden rechazar.
El IVA de los pañales se acaba en un año. La hipoteca dura una vida entera.
