28/08/2026
FACAF BAJO LA LUPA: ¿OPACIDAD, HOSTIGAMIENTO Y ARBITRARIEDAD BAJO LA GESTIÓN DE FRANCISCO MORÁN Y ÁLVARO ESPINOZA?
EL CES EXIGE EXPLICACIONES Y DOCUMENTOS: LAS DENUNCIAS DOCENTES YA NO PUEDEN SER IGNORADAS
La gestión del rector de la Universidad de Guayaquil, Dr. Francisco Lenín Morán Peña, y del decano de la Facultad de Ciencias Administrativas, Ab. Álvaro Diego Espinoza Burgos, queda severamente cuestionada tras la emisión del Memorando Nro. CES-CMI-2026-0502-M por parte del Consejo de Educación Superior (CES).
El documento no constituye una simple comunicación administrativa. Es la evidencia de que el máximo organismo de educación superior ha tenido que intervenir para exigir información, documentos, actas, resoluciones y expedientes relacionados con graves denuncias formuladas por docentes de la FACAF.
Cuando una institución necesita ser requerida para que explique sus propios actos, entregue sus resoluciones, justifique sus decisiones y revele cómo estaba integrado su órgano de gobierno, el problema ya no puede esconderse detrás del silencio institucional.
¿POR QUÉ EL CES EXIGE ACTAS, RESOLUCIONES Y FE DE ERRATAS?
El CES solicita documentación sobre resoluciones del Consejo Directivo, incluyendo la RCF-FACAF-EXT-039-002-27-11-2025 y su respectiva fe de erratas, así como información detallada sobre la integración del Consejo de Facultad en los períodos cuestionados.
La pregunta es inevitable:
¿Qué ocurrió dentro de la FACAF para que sea necesario reconstruir documentalmente decisiones, resoluciones y la propia composición del órgano de gobierno de la facultad?
La transparencia no puede ser una reacción obligada por la presión de una autoridad de control. La transparencia debe ser una obligación permanente.
Por ello, la exigencia del CES constituye un severo cuestionamiento político, administrativo e institucional a la forma en que se ha manejado la información bajo la administración del decano Álvaro Espinoza y bajo la responsabilidad general del rector Francisco Morán.
LOS DISTRIBUTIVOS DOCENTES TAMBIÉN ESTÁN BAJO LA LUPA
Otro de los puntos sensibles es la exigencia de revisar los distributivos unificados de profesores titulares y contratados, junto con las hojas de vida y perfiles profesionales de docentes no titulares.
Aquí tampoco cabe minimizar el problema.
El CES está exigiendo verificar cómo se distribuyeron las cargas académicas, bajo qué criterios se produjeron determinadas contrataciones y si las funciones asignadas guardaron relación con las normas y perfiles correspondientes.
Una facultad universitaria no puede convertirse en un espacio donde las cargas horarias, las contrataciones o las responsabilidades académicas dependan de la voluntad discrecional de quienes temporalmente controlan la administración.
Los docentes tienen derecho a reglas claras.
La comunidad universitaria tiene derecho a saber quién fue contratado, con qué perfil, para qué función y bajo qué procedimiento.
La universidad pública no pertenece a un grupo, a un decano ni a una autoridad de turno.
¿IMPROVISACIÓN EN LOS CARGOS Y EN LA GESTIÓN ACADÉMICA?
El memorando también exige información sobre la creación y posterior cese del cargo denominado “Gestora General de Internacionalización y Movilidad Académica”.
Además, se solicitan antecedentes relacionados con programas de posgrado y maestrías propuestos desde octubre de 2025.
Esto abre nuevas interrogantes:
¿Cuál fue la necesidad institucional para crear determinados cargos? ¿Qué procedimiento se utilizó? ¿Por qué cesaron posteriormente? ¿Existió planificación académica o se actuó mediante decisiones administrativas circunstanciales?
Las estructuras universitarias no pueden manejarse como espacios de improvisación.
La creación y eliminación de cargos debe responder a planificación, necesidad institucional, normativa y procedimientos transparentes.
De lo contrario, se corre el riesgo de transformar la administración universitaria en un sistema de decisiones discrecionales donde primero se crean cargos y después se intenta justificar su existencia.
LA PROTECCIÓN UNIVERSITARIA Y EL PROCESO ELECTORAL: UN TEMA QUE EXIGE RESPUESTAS
Uno de los puntos más delicados se relaciona con los informes de la Comisión de Protección Universitaria de la Universidad de Guayaquil respecto de hechos ocurridos el 10 de diciembre de 2025, vinculados con la interacción entre el decano Álvaro Espinoza y la Dra. Virginia Ortega León, dentro del contexto electoral de la facultad.
Esto no es un asunto menor.
La universidad debe garantizar que ningún proceso electoral se convierta en un escenario de intimidación, presiones o uso de la estructura institucional contra docentes o miembros de la comunidad universitaria.
La democracia universitaria pierde legitimidad cuando quienes ejercen el poder institucional son cuestionados por hechos que podrían afectar la libertad, la participación o la seguridad de quienes intervienen en procesos electorales.
Por eso, los informes solicitados por el CES deben ser esclarecidos completamente.
No bastan comunicados.
No bastan discursos.
La comunidad universitaria exige hechos, documentos y responsabilidades.
DOCENTES QUE DENUNCIAN, EXPEDIENTES QUE DEBEN SER EXPLICADOS
El monitoreo requerido también alcanza los expedientes y evaluaciones de desempeño de la MSc. July Fabre Cavanna y la Mgs. Ivanova Lorena Bone Lajones.
La sola existencia de estos antecedentes, dentro del conjunto de denuncias que motivaron la intervención y requerimientos de información, obliga a examinar si las decisiones administrativas tomadas contra o respecto de docentes denunciantes se produjeron con absoluta independencia y respeto a las garantías institucionales.
Aquí surge una preocupación fundamental:
¿Puede una docente denunciar irregularidades y, al mismo tiempo, sentirse plenamente protegida frente a posibles represalias administrativas?
La Universidad de Guayaquil tiene la obligación de garantizar un entorno laboral donde cuestionar, denunciar o discrepar no se convierta en una sentencia de hostigamiento.
Ningún expediente administrativo puede ser utilizado como herramienta de intimidación. Ninguna evaluación puede convertirse en mecanismo de castigo. Ningún cargo puede ser usado para silenciar a quien denuncia.
EL RECTOR NO PUEDE LAVARSE LAS MANOS
Francisco Morán no puede pretender que todo lo ocurrido en la FACAF es un problema exclusivo del decano.
Como rector de la Universidad de Guayaquil, tiene una responsabilidad política e institucional frente a la crisis que hoy enfrenta una de sus facultades.
La responsabilidad del rectorado no termina en delegar funciones. Empieza precisamente cuando debe garantizar que las autoridades subordinadas actúen dentro de la ley, respeten los derechos docentes y mantengan una administración transparente.
Si el CES ha tenido que intervenir y requerir una extensa documentación para examinar las denuncias, entonces la pregunta es directa:
¿Dónde estuvieron los mecanismos internos de control de la Universidad de Guayaquil?
¿Quién supervisó?
¿Quién investigó oportunamente?
¿Quién protegió a los docentes que denunciaron?
¿Quién garantizó que no existieran represalias?
LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL NO PUEDE SEGUIR SECUESTRADA POR EL SILENCIO
El Memorando Nro. CES-CMI-2026-0502-M constituye una señal inequívoca de que las denuncias presentadas por docentes de la FACAF no pudieron ser simplemente archivadas en el silencio.
Ahora existen requerimientos concretos.
Ahora deben aparecer documentos.
Ahora deben presentarse actas.
Ahora deben explicarse decisiones.
Y ahora la comunidad universitaria tiene derecho a conocer toda la verdad.
El rector Francisco Morán y el decano Álvaro Espinoza deben responder política, administrativa e institucionalmente por los hechos investigados, dentro del debido proceso y con pleno respeto a las garantías legales.
La exigencia es clara:
¡NO MÁS OPACIDAD!
¡NO MÁS HOSTIGAMIENTO CONTRA QUIENES DENUNCIAN!
¡NO MÁS USO DISCRECIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA!
¡NO MÁS SILENCIO INSTITUCIONAL!
La Universidad de Guayaquil necesita autoridades que rindan cuentas, no administraciones que se escondan detrás de oficios.
Si todo estuvo en orden, que entreguen toda la documentación, que respondan cada cuestionamiento y que permitan que las investigaciones avancen hasta las últimas consecuencias.
Y si existieron irregularidades, que se determinen responsabilidades.
Porque la universidad pública no puede seguir siendo un territorio donde el poder se ejerza sin control y donde los docentes tengan que acudir a organismos externos para lograr que sus denuncias sean escuchadas.
EL CES PIDIÓ RESPUESTAS.
AHORA LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL DEBE ENTREGAR LA VERDAD.
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