01/10/2017
EL IMPERIO DE LA LEY, O LO QUE LA LEY MANDA.
Por nuestro compañero, portavoz del Comité de , Miguel Hinojar Merín. Disponible también en su blog personal https://theruleofflaw.blogspot.com.es/2017/09/el-imperio-de-la-ley.html
Nos encontramos en vísperas del 1-O y Gobierno y medios de comunicación hablan de una idea con un sonido fuerte, contundente y atractivo: “El Imperio de la Ley”. Los ciudadanos se repiten unos a otros esta idea, y al son de lo dicho por el Gobierno y los medios se señala lo siguiente: “el referéndum independentista atenta contra el Imperio de la Ley”.
Pero, ¿Qué es el Imperio de la Ley?
La idea de “Imperio de la Ley” o “Rule of Law” existe desde tiempos de Aristóteles y ha sido piedra angular de la filosofía política a lo largo de los siglos; heredada por Maquiavelo, Locke, Montesquieu, hasta Hayek o Rawls. En virtud de esta idea las personas en posiciones de autoridad deben ejercer su poder de forma delimitada por unas normas públicas, establecidas correctamente y no de manera arbitraria, y no en función de sus preferencias ideológicas. Y también que los ciudadanos, pese a poder no estar de acuerdo con dichas normas, se sometan a su cumplimiento.
El Imperio de la Ley es por tanto el sometimiento del poder y de los ciudadanos, a las normas, a la Ley.
Y junto a este significado clásico: imperio, del latín imperium, expresa la acción de imperar, mandar. El imperio de la Ley, o lo que la Ley manda.
Así, al tiempo que la autoridad política en Cataluña plantea el referéndum ilegal e inconstitucional, los ciudadanos se muestran dispuestos también a desacatar la Ley. No hay, en Cataluña, Imperio de la Ley. Esta denuncia sistemática del procés catalán por parte del Gobierno y los medios de comunicación, seguida del abominable y catastrófico pronóstico, es algo que la ciudadanía debe saber, y algo que por la insistencia ya ha quedado más que claro: el referéndum es ilegal.
Sin embargo, y dado que todas estas denuncias se fundamentan en esta idea del Imperio de la Ley, nos queda por hablar de una parte esencial de lo que esta idea quiere expresar, que no ha sido proclamada con tanta insistencia.
El Imperio de la Ley, o lo que la Ley manda, no obliga al Gobierno español a aplicar el artículo 155 de la Constitución y reprimir por la fuerza el proceso independentista. Lo que la Ley manda no obliga al Gobierno español a no plantear una reforma constitucional, ni tampoco a no convocar un referéndum en el territorio de Cataluña que solo sea votado por los ciudadanos catalanes. Lo que la Ley manda no obliga al Estado español a no crear acuerdos con la hipotética República de Cataluña para preservar sus relaciones comerciales y para que su economía no sufra un hundimiento. Lo que la Ley manda no obliga al Estado español a no participar en la elaboración de un ordenamiento jurídico catalán que cumpla con los requisitos en materia de Derechos Humanos y Derechos Fundamentales, y los exigidos para la adhesión de Cataluña a la Unión Europea. Lo que la Ley manda no obliga al Estado español a no mediar a través del Consejo Europeo para conseguir la adhesión de Cataluña a la Unión Europea. No hay imperio de la Ley, pues la Ley no manda nada al Gobierno de España; y por tanto, pese a las incansables alusiones a la legalidad y al Imperio de la Ley, la ausencia del imperium nos dice que no hay una única solución basada en la legalidad, que este no es un problema jurídico, sino político.
Una solución posible, basada en la sagrada unidad de España, pretende hacer frente al 1-O impidiendo su celebración a toda costa por su ilegalidad, y por la que no se tiene intención de cambiar la situación de Cataluña con respecto de España porque “la Ley no lo permite”. Esta solución prevé que el 1-O es el día clave, el Día D, y que el día 2-O el independentismo habrá desaparecido de la faz de la tierra, y por tanto la voluntad de millones de ciudadanos de independizarse del Estado español. El día clave no es por tanto el 1-O, sino todos los demás: ¿Qué solución existe para los millones de ciudadanos que se quieren independizar del Estado español?
¿Ha sido el inmovilismo del Gobierno una solución, o un incentivo para llegar hasta aquí? Ya en el siglo XV Maquiavelo advirtió a Lorenzo de Médici que allá donde haya buenas leyes, los hombres no utilizarán la vía de la fuerza. Para el caso que nos ocupa, no se ha planteado ninguna solución política a la que darle después forma jurídica, únicamente alusiones a una legalidad que se proclama como el problema.
Y puesto que no se trata de un problema jurídico, las continuas alusiones a la legalidad no son la verdadera justificación de la postura del Gobierno y de aquellos que pretenden la incondicional y sagrada unidad de España, sino una excusa. No se defiende la unidad de España porque así lo señale la Ley, sino por el nacionalismo español.
Así, aquellos que pretenden dar una vaga justificación a sus posturas nacionalistas sobre España se parapetan y protegen en la Ley; algo igual de inadmisible que si en su día los Estados Confederados en la Guerra de Secesión estadounidense hubieran justificado la conservación de la esclavitud aludiendo a las leyes que ellos mismos crearon previamente: ¿por qué defiende usted la esclavitud? Porque lo dice la Ley. Y no es por la Ley, es por el sentimiento nacionalista, y aquellos que pretenden a toda costa la unidad de España aluden a la Ley para para protegerse y no dar una respuesta que justifique verdaderamente por qué España debe permanecer inmaculada, incluso por encima de la voluntad y libertad de una parte de los individuos que la habitan.
La Nación contra el individuo; el Estado frente a la libertad de los ciudadanos.
Las justificaciones nacionalistas incluyen lecciones de historia, y más nacionalismo: Cataluña siempre ha pertenecido a España, y nunca ha sido una nación o pueblo independiente del español. No obstante la antigüedad de las cosas no las dota de valor moral o de funcionalidad, si acaso únicamente de valor histórico, y no existe razón alguna para suponer que el valor histórico debe superponerse a otros criterios, como la libertad y voluntad de los ciudadanos, a la hora de decidir qué tipos de comunidades políticas deben poder crearse o no. De lo contrario, es de suponer que debemos preservar por los siglos de los siglos las leyes que hoy nos rigen tal y como están, pues si el valor histórico es el criterio preponderante, este aumenta día a día.
Y por su parte, se defiende la no independencia alegando que Cataluña nunca ha sido una nación. Los Estados, como organización jurídico-política de las comunidades en Europa tienen cinco siglos de vida; y la Nación española surge políticamente en el siglo XIX, hace dos siglos. La Humanidad, en cambio, tiene milenios de vida. Si es el carácter histórico la justificación de que solo las comunidades reconocidas como naciones o pueblos deben poder crear Estados, entonces no deberíamos organizarnos en Estados Nación, pues esta es la forma de organización más joven de la Historia de la Humanidad.
¿Qué más se utiliza para justificar que los individuos no puedan asociarse y desasociarse en comunidades políticas por la autonomía de su voluntad, pero sí para aquellas comunidades que se autodenominan Pueblo o Nación?
Una Nación que para su subsistencia requiere del uso de la fuerza es una nación débil; y un Estado que coacciona a sus ciudadanos para que permanezcan sujetos a su imperium, niega la autonomía de la voluntad de los individuos que lo componen. Es por la soberanía nacional, consagrada en el artículo 2 de la Constitución y garante del nacionalismo español, que se dice que al ser única e indivisible el referéndum debe ser votado por todos los españoles porque también les afecta, y por tanto tienen derecho a decidir sobre la cuestión, o directamente que al ser “una patria común” no debe independizarse en ningún caso.
Los individuos tienen derechos, y hay cosas que ninguna persona o grupo puede hacerles sin violar esos derechos; pero, ¿qué otorga el derecho al resto de la comunidad, al resto de la ciudadanía española, a decidir sobre la totalidad del asunto y el futuro de los catalanes que desean independizarse?
Decía el filósofo Robert Nozick que ninguna comunidad por dominante que sea tiene ese derecho; pues los derechos y poderes legítimos adquiridos por cualquier comunidad surgen por la suma de los derechos individuales que sus miembros transfieren a la comunidad. No existe derecho público, colectivo o comunitario que surja de manera distinta. No existe un derecho de asociación colectivo, este es un derecho individual. Cada derecho de asociación se descompone en aquellos derechos individuales pertenecientes a cada miembro, y de lo contrario no solo se estaría violando el derecho de desasociación de la minoría que pretende apartarse de la comunidad, sino que se estaría coaccionando y utilizando a aquellos individuos como medios para alcanzar un “fin superior”, la Unidad de España. ¿Nacionalismo o libertad?
Claro que este argumento sería totalmente válido si la comunidad política que conforman los españoles hubiera surgido del consentimiento y voluntad de los individuos, y no del uso de la fuerza y de la voluntad del Estado. Por ello no podemos hablar del derecho de todos los españoles a decidir sobre el futuro de Cataluña, pues este derecho surgiría en su caso de la suma de los derechos de asociación puramente individuales otorgados a la comunidad llamada España. Y puesto que no se ha otorgado ninguno, porque la comunidad no se ha constituido por la voluntad de los individuos, no existe tal derecho fundamentado en la soberanía nacional, ni tampoco Imperio de la Ley: sino Imperio del Estado y su voluntad. En suma, no existe un derecho de A para decidir en contra de la voluntad de B, que B debe seguir formando parte de una comunidad concreta.
No hay Imperio de la Ley: sino Imperio del Estado.
Es esta es la verdadera esencia del problema: si elegir dotarnos de comunidades políticas basadas en la asociación libre y voluntaria de los individuos, y su desasociación, o por el contrario pretendemos mantener comunidades políticas que han sido impuestas a través de la fuerza, obligando a ciertos individuos a permanecer sujetos a ellas en contra de su voluntad.
No hay duda de que el proceso independentista se ha construido en la mentira, en la falacia y en el engaño. No hay tampoco duda de su ilegalidad y de que atenta contra el Imperio de la Ley. Pero tampoco hay duda de que hay más soluciones posibles además de la coacción, y de que construir la sociedad con base en la voluntad de las personas es algo deseable, y será factible cuando nos demos cuenta de que las personas somos individuos independientes con fines vitales distintos. Y de que la capacidad de preservar la libertad y autonomía para alcanzarlos, sin atentar contra la misma libertad y autonomía de los demás, tratándonos unos a otros como fines en sí mismos y no como medios para nuestros propios fines, se llama dignidad.
“Obra de tal modo que uses a la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre al mismo tiempo como fin y nunca simplemente como medio.” Immanuel Kant.
Por Miguel Hinojar. Nos encontramos en vísperas del 1-O y Gobierno y medios de comunicación hablan de una idea con un sonido fuerte...
