Oficina de la Abogacía General UADY

06/11/2026

04/11/2026

SCJN
Se fortalece la participación política de las mujeres al validar su postulación en municipios del estado de Querétaro donde nunca han sido electas presidentas municipales:

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó la obligación para los partidos políticos de postular mujeres para encabezar las planillas de ayuntamientos en, al menos, dos municipios del estado de Querétaro en los que históricamente no hayan sido electas mujeres por voto popular como presidentas municipales.

El Máximo Tribunal determinó que esta medida prevista en la Ley Electoral de la entidad contribuye a corregir la exclusión en el acceso a cargos públicos. La paridad no se limita a registrar un número equivalente de candidaturas de mujeres y hombres, sino que exige generar condiciones para el acceso efectivo de las mujeres a los cargos públicos. En ese sentido, las legislaturas locales cuentan con un margen para establecer medidas que atiendan las desigualdades existentes, siempre que respeten los derechos y principios constitucionales.

En este caso, la medida no opera de manera aislada. Forma parte de un sistema que ordena los municipios en bloques de competitividad baja, media y alta conforme a la votación obtenida por cada partido en la elección anterior, exige distribuir paritariamente las candidaturas y prohíbe concentrar exclusivamente a las mujeres en los municipios con menor votación dentro de cada bloque.

La Corte señaló que los partidos conservan un margen para elegir los municipios en los que cumplirán la obligación y definir sus estrategias de postulación. La norma no reserva de antemano municipios específicos para excluir a los hombres ni predetermina los resultados de las elecciones, sino que establece una condición adicional para favorecer la participación de las mujeres donde persiste una ausencia histórica de acceso a cargos públicos.

Con relación a la elección consecutiva, la Suprema Corte concluyó que las referencias contenidas en la legislación local no desarrollan ni amplían esa figura jurídica, sino que únicamente reconocen su aplicación durante el periodo transitorio previsto por la reforma constitucional en materia de no reelección.

Asimismo, consideró que el Congreso de Querétaro no estaba obligado a establecer reglas adicionales para extinguir expresamente esas disposiciones a partir de 2030, pues el régimen transitorio constitucional ya determina el momento en que surtirá efectos la prohibición de la reelección.

Por último, se determinó que el artículo 162 de la Ley Electoral local, que establece que, en cada comicio se deberá alternar el género de la persona propietaria que encabece las listas de candidaturas de representación proporcional de diputaciones y ayuntamientos, debe ser interpretado conforme a la Constitución Política Federal, de modo que no significa necesariamente postular de nuevo a la misma persona.

Acción de inconstitucionalidad 104/2026. Resuelta en sesión de Pleno el 03 de noviembre de 2026.

04/11/2026

SCJN
Se protege la identidad y estabilidad familiar de la niñez al validar el plazo legal para desconocer la paternidad en el estado de Chiapas:
El Máximo Tribunal determinó la constitucionalidad del artículo 326 del Código Civil para el Estado de Chiapas, que establece como plazo para ejercer la acción de desconocimiento de la paternidad 60 días contados a partir del nacimiento, en los casos en los que el presunto padre haya estado presente; desde su llegada al lugar, si estuvo ausente; o desde que descubrió que se le había ocultado el nacimiento. Esa interpretación protege la certeza de la filiación y evita que las relaciones familiares de niñas y niños permanezcan sujetas a la posibilidad de ser impugnadas por tiempo indeterminado.

El asunto surgió de un juicio promovido por un hombre para desconocer la paternidad de un niño nacido durante su relación de concubinato y registrado como su hijo. Después de obtener una prueba genética que descartaba el vínculo biológico, solicitó modificar el acta de nacimiento y extinguir la filiación. Sin embargo, la madre, en representación del niño, sostuvo que había transcurrido el plazo legal para ejercer la acción.



El Alto Tribunal explicó que el plazo de caducidad es una medida para proteger la certeza de la filiación y la estabilidad de las relaciones familiares, pues de ese vínculo derivan derechos alimentarios y hereditarios, así como relaciones de cuidado, convivencia y pertenencia con la familia paterna.

En ese sentido, aunque una prueba genética posterior pueda proporcionar un motivo objetivo para cuestionar la paternidad, la posibilidad de mantener abierto el plazo y permitir que se contabilice desde el momento en el que el adulto decide investigar sus dudas u obtener un estudio genético, podría mantener a la niña, niño o adolescente en incertidumbre durante un tiempo indeterminado.

El derecho a la identidad no se agota en la correspondencia genética, sino que también comprende la realidad familiar y social en la que se desarrolla la niña, niño o adolescente y los vínculos que contribuyen a construir su identidad. Por ello, la ausencia de un vínculo biológico no impone, por sí misma, desplazar una filiación fuera de los plazos previstos legalmente.

Amparo directo en revisión 5065/2025. Resuelto en sesión de Pleno el 03 de noviembre de 2026.

04/11/2026

Atención a las Mujeres profesionales en Derecho.

03/11/2026

⚖CONVOCATORIAS PARA OCUPAR LOS CARGOS DE ASISTENTE LEGAL, Y DE TÉCNICO JUDICIAL, EN EL ÁREA PENAL DE PRIMERA INSTANCIA EN EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE YUCATÁN.⚖

�https://www.pjyucatan.gob.mx/files/documents/Convocatorias_penal_03_11_26_20261103075400.pdf

03/11/2026

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

En el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, la RELE condena la violencia contra la prensa y llama a los Estados a redoblar sus esfuerzos.

Washinton D.C.- En el marco del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena la violencia contra la prensa y hace un llamado a los E...

03/11/2026

30/10/2026

SCJN
Se protege la autonomía universitaria en Nayarit:

La Suprema Corte invalidó los artículos 13, fracción I, incisos b) y c); 14 bis; 15 bis, fracción II, inciso a), así como los transitorios segundo y tercero del Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nayarit, que regulaban la integración del Consejo de Educación Media Superior, la participación del presidente del Patronato para Administrar el Impuesto Especial destinado a la Universidad en el Colegio de Elección Universitaria, órgano encargado del proceso de designación de la Rectoría, así como la creación de los Centros Regionales de Vinculación con Sectores Productivos.

El Pleno determinó que dichas disposiciones vulneran la autonomía y autogobierno, reconocidos en el artículo 3°, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al permitir que la persona presidenta del Patronato, es decir, alguien ajena a la institución participara e incluso presidiera el órgano responsable de conducir el proceso de elección de la Rectoría. Se destacó que quien presida el Patronato será designada por el Congreso local a partir de una terna propuesta por la persona titular del Poder Ejecutivo estatal.

Asimismo, se sostuvo que la creación del Consejo de Educación Media Superior mediante una ley expedida por el Congreso local también vulneraba su autonomía, pues corresponde exclusivamente a la propia universidad definir su estructura orgánica, establecer sus órganos de gobierno y regular su funcionamiento interno.

En consecuencia, la SCJN concluyó que el Congreso del estado no puede crear órganos de gobierno universitarios ni definir su integración, organización o atribuciones, ya que esas decisiones forman parte del ámbito de autonomía que la Constitución Política Federal reconoce a las universidades públicas.

Amparo en revisión 267/2026. Resuelto en sesión de Pleno el 28 de octubre de 2026.

30/10/2026