05/04/2025
Gerardo Sosa: El poder que incomoda
Por:Jorge Luis Gonzalez Pacheco
La reciente revocación de la libertad a Gerardo Sosa Castelán, exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) y figura clave del poder político y académico en la entidad durante las últimas tres décadas, no puede analizarse de forma aislada. Su caso es un espejo nítido de cómo el poder judicial, lejos de estar al margen de la política, se encuentra en el epicentro de una disputa estratégica por el control del aparato institucional en Hidalgo y en el país.
Gerardo Sosa Castelán no es un personaje menor, ha sido rector, presidente del patronato universitario, operador político, legislador y un auténtico constructor de poder fáctico a través de una estructura que, por años, operó como contrapeso real al poder estatal, e incluso al federal, desde una lógica de autonomía universitaria extendida más allá del ámbito académico. Esta red tejida alrededor de la UAEH le permitió colocar cuadros en la vida política, académica y social del estado.
En agosto de 2020, su detención por presuntos delitos como peculado, lavado de dinero y defraudación fiscal fue presentada como un golpe anticorrupción. Pero, desde entonces, las suspicacias no dejaron de crecer. El mismo Rubén Moreira, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, afirmó públicamente que el exgobernador Omar Fayad habría solicitado su encarcelamiento a Enrique Peña Nieto para arrebatarle el control de la universidad. La afirmación, lejos de ser una mera anécdota, revela que detrás del aparato de justicia también hay pugnas de élites locales por el poder real, el control de recursos, espacios de legitimidad social y redes clientelares.
La decisión judicial de 2024 de sobreseer el caso contra Sosa Castelán parecía marcar el cierre de un capítulo. Sin embargo, el nuevo giro el dia de ayer 3 de abril de 2025, con la revocación de su libertad, evidencia que el caso no está cerrado ni en lo jurídico ni en lo político. Que esta decisión se dé en el contexto de una transición profunda del Poder Judicial —con propuestas del Ejecutivo federal para que los jueces y magistrados sean electos por voto popular— no es coincidencia. Las élites buscan reposicionarse en medio del reordenamiento de poderes.
En Hidalgo, además, el nuevo gobierno estatal emanado de Morena ha mostrado interés en desarticular estructuras paralelas al poder institucional. La red sociopolítica universitaria representa, aún debilitada, una fuente de legitimidad, movilización y recursos. Revivir el caso de Sosa Castelán puede leerse como una señal clara, quien mantenga estructuras autónomas será vigilado, cuestionado y, si es necesario, neutralizado.
Este tipo de movimientos también tienen una función simbólica. A través de la justicia, se envía un mensaje a quienes todavía tienen poder regional o aspiran a recuperarlo. Si Gerardo Sosa, con su trayectoria e influencia, puede ser encarcelado (en su domicilio) nuevamente, nadie está exento del aparato judicial cuando este se convierte en herramienta de disputa política.
Pero hay que ser prudentes. La historia ha mostrado que en México, los procesos judiciales de alto perfil muchas veces terminan más por desgaste político que por resolución jurídica. La persecución a Sosa Castelán podría tener consecuencias de mediano plazo, fractura dentro de las élites locales, movilización universitaria, o incluso el regreso del personaje como víctima de una justicia selectiva. Todo dependerá de cómo se articule el relato (estrategia) y la respuesta ciudadana.
Más que un caso penal, el de Gerardo Sosa Castelán es un caso paradigmático del choque entre las viejas estructuras de poder regional y el nuevo centralismo político que se construye desde el Ejecutivo federal y sus aliados estatales. La justicia, lejos de ser ciega, parece mirar de reojo hacia donde el viento político sopla con mayor fuerza. Y ojo: la revocación de mandato se acerca. ¿Coincidencia? ¿Justicia auténtica? ¿Mensaje cifrado? Cada quien sacará sus conclusiones. Pero lo cierto es que el expediente Sosa sigue más vivo que nunca. Aunque no precisamente por lo jurídico.
