26/10/2026
¿Quién debería tener la última palabra cuando se decide qué se construye, dónde y a costa de qué?
Esa fue la pregunta de fondo de la ponencia que presentaron hoy en la tarde Aurelio Fernández, director del Cupreder BUAP Cupreder, y Alejandra López García, investigadora de este mismo centro de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla - BUAP.
Fue en el Auditorio Carlos Vázquez Yanes del Instituto de Ecología de la , dentro del Coloquio transdisciplinario en torno a la LGEEPA.
Su lectura de la iniciativa de reforma que la presidencia envió a la Cámara de Diputados fue directa: repartir facultades entre federación, estados y municipios no basta. Explicaron que la experiencia mexicana demuestra que los gobiernos, de los tres niveles, terminan cediendo ante intereses políticos, electorales y de corto plazo.
Recordaron que hay evidencia de sobra de la colusión entre el poder político y la expansión urbana, y de obras que dañaron el ambiente y provocaron desastres.
Por eso propusieron que tanto los comités de ordenamiento ecológico como los de evaluación ambiental sean obligatorios, representativos de la sociedad y con poder de decisión vinculante sobre los ordenamientos, las manifestaciones de impacto ambiental y las grandes autorizaciones de uso de suelo.
Una especie de «Estado ampliado» que equilibre a la autoridad con la presencia de comunidades y sectores.
También advirtieron que la reforma podría restarles facultades a los municipios sobre el uso de suelo. Señalaron que la economía circular suena bien, pero queda en el aire sin reglas claras sobre residuos y contaminación del agua.
Pidieron pensar la prevención de los desastres desde su origen. Y recordaron que Semarnat, Profepa, Conagua y la Procuraduría Agraria siguen pasándose la responsabilidad y la culpa sin resolver los problemas del ámbito rural y los ecosistemas.
📍 Auditorio “Carlos Vázquez Yanes”, Instituto de Ecología, UNAM
🕞 3.ª sesión del Seminario Investigación e Incidencia Transdisciplinaria
