29/04/2026
🔴 Sobre aviso no hay engaño en el gobierno de Navarro
Karina Cancino | Opinión
Lo que está pasando en Playa Las Cocinas, en Bahía de Banderas, donde la ciudadanía se organizó para exigir el freno a la construcción se Cantiles de Mita, que señala como riesgosa para el medio ambiente, sin permisos claros y con señalamientos de posibles irregularidades, mientras el gobierno estatal interviene con la fuerza pública y criminalizando el movimiento, no es un hecho aislado, sino la repetición y la forma de gobernar de Miguel Ángel Navarro.
Ya lo había demostrado con la detención de trabajadores sindicalizados y activistas, el hostigamiento a defensores de la Ciudad de las Artes, así como con señalamientos de víctimas de desaparición, columnistas y otros actores sociales que han criticado o se han movilizado contra decisiones de gobierno que consideran dañinas a corto, mediano y largo plazo para la sociedad, la cultura o el medio ambiente.
Pero el gobernador ya lo había advertido y sobre aviso no hay engaño. En noviembre de 2025, durante un posicionamiento público, justo sobre la construcción del memorial contra las desapariciones, el gobernador pidió a la Secretaría General de Gobierno, Rocío Esther González García, “no poner pretextos” y que, si había oposición a sus proyectos, se debía “poner la fuerza de las instituciones porque no van a parar el hecho de construir ese tipo de propósitos”.
No fue un pronunciamiento como cualquier otro, sino una anticipación de cómo respondería su gobierno ante la inconformidad ciudadana.
Pero regresemos a Playa Las Cocinas, donde la ciudadanía señaló posibles irregularidades —en los permisos, en la forma en que se están realizando las obras, en el uso del agua, en el impacto ambiental y en el acceso público a la playa— y la respuesta del gobernador no fue abrir una consulta, aclarar ni exhibir información; fue enviar a un grupo de policías a rodear la obra.
Ante medios de comunicación, afirmó que no permitiría que se genere un “ambiente de ingobernabilidad” y se atrevió a señalar que “atrás de mucha gente pudiera haber delincuentes”, y por ese dicho se le tendrían que pedir pruebas, pero sabemos que no habrá.
Por eso, la presencia de elementos de la policía estatal y de la Fiscalía, así como la detención de al menos tres personas —documentada en videos difundidos en redes sociales—, muestra que la advertencia ya no se quedó solo en palabras, sino que fue hecha realidad, aunque las personas detenidas finalmente fueron liberadas tras una reunión de una parte de los activistas en Palacio de Gobierno.
El gobernador también advirtió que no permitirá cierres de carreteras ni afectaciones a quienes, según su discurso, están generando empleo; es decir, justifica la realización de un proyecto, como ya lo ha hecho antes, bajo una lógica económica en la que el Estado ya no puede generar empleo y es necesario recurrir a la iniciativa privada.
Pero la lectura no es solo esa. En todo momento busca legitimar sus posicionamientos; en este caso, señala que existe un dictamen favorable emitido por la SEMARNAT, como si eso fuera suficiente y certero para que no haya espacio a la revisión, a la impugnación o al análisis técnico independiente, porque no siempre lo institucional es correcto, solo es eso, un asunto institucional.
Detrás de las declaraciones del gobernador, en las que admite que se necesita de la iniciativa pública por la incapacidad económica estatal, hace pensar entonces que hay que cuestionar el tipo de perfiles administrativos que están gobernando, porque, así como lo dice, no parece una estrategia económica, sino una señal sobre los límites de la gestión pública, y entonces, si solo están llegando perfiles con capacidades políticas, no nos funcionan.
En las iniciativas privadas, para que algún proyecto sea exitoso, necesitan que los perfiles que coordinan tengan capacidades y habilidades técnicas, evaluación constante y resultados comprobables; no solo se trata de "amarres y gestiones", como muchas veces lo hacen los políticos demagogos.
En la política, el acceso suele depender de trayectorias partidistas, capital electoral o posicionamiento público o favores y el resultado puede ser una brecha entre la complejidad de gobernar y las capacidades reales para hacerlo.
Eso no invalida la democracia, pero sí obliga a replantear qué se está premiando al votar: si la narrativa o la capacidad, porque el resultado final es la opacidad en decisiones públicas, dificultad para sostenerlas con información verificable y una relación tensa con la ciudadanía que se atreve a cuestionar y resolver.
El caso de Nayarit muestra que no ha habido conflicto solo por la realización de obras, sino por la forma de gobernar donde, frente a la crítica se privilegia el control sobre el diálogo, y la discusión deja de ser sobre una playa, un estadio, una ley o una protesta, y se convierte en el cuestionamiento constante sobre la calidad las personas que se manifiestan, y entonces se debería también cuestionar el gobierno que se está ejerciendo y las herencias que pueda dejar si gana alguno de los perfiles que están cerca de él, sobre todo si vienen de su puño, letra y/o corazón.
El gobernador se sentó ayer con algunos manifestantes de Bahía de Banderas, pero solo después de que el conflicto se hizo visible, no como parte de un proceso abierto sino tras la presión pública, la difusión de los hechos y el señalamiento social.
Eso también habla de su forma de gestionar los conflictos porque reacciona cuando el costo que le trae es mayor, no antes.
Aquí lo que queda, frente a la criminalización del derecho a la protesta ciudadana, que seguramente continuará hasta el 2027, es organizarse, documentar cada hecho, registrar las declaraciones y hechos de la autoridad, conservar evidencias que permitan sostener denuncias y solicitar información por las vías formales, aunque la realidad es que hay resistencia de las autoridades a la transparencia, pero también ello deja constancia de la opacidad.
También conviene articularse entre organizaciones civiles, colectivos y fortalecer la defensa con asesoría jurídica frente a posibles abusos, pero siempre y, sobre todo, mantener la protesta en cauces pacíficos y visibles, porque ello ayuda a evitar que el discurso oficial la deslegitime.
No se trata de ganar al poder, sino de mantener el derecho a cuestionarlo con claridad, evidencia y constancia, y de dejar evidencia para el futuro, porque aunque algunos apuesten a "hacer historia", es esa misma historia la que juzgará el lado desde el que gobernaron.
