17/07/2026
𝗨𝗡𝗜𝗩𝗘𝗥𝗦𝗜𝗗𝗔𝗗𝗘𝗦 𝗙𝗔𝗡𝗧𝗔𝗦𝗠𝗔𝗦
La información oficial obtenida vía la Ley de Transparencia por el Ministerio de Educación (Minedu) es contundente: de 65 universidades públicas creadas por ley entre 2020 y mediados de 2026, solo una cuenta con licenciamiento institucional de Sunedu para operar (la Universidad Nacional Tecnológica de Frontera San Ignacio de Loyola, en Cajamarca). Las otras 64 se debaten entre la inexistencia real o procesos de implementación que se proyectan sumamente lentos.
𝗣𝗼𝗽𝘂𝗹𝗶𝘀𝗺𝗼 𝗹𝗲𝗴𝗶𝘀𝗹𝗮𝘁𝗶𝘃𝗼 𝗳𝗿𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗮 𝗹𝗮 𝗿𝗲𝗮𝗹𝗶𝗱𝗮𝗱 𝘁𝗲́𝗰𝗻𝗶𝗰𝗮
Esta situación representa una enorme brecha entre la retórica parlamentaria y la viabilidad técnica y presupuestaria del país:
🚫Creación sin sustento ni presupuesto real: Como bien señala el exministro de Educación Idel Vexler en el informe, estas leyes se promulgan bajo una lógica meramente electoralista y populista.
Se aprueban normas de creación sin asegurar un terreno (local propio), equipamiento técnico, ni una plana docente calificada, elementos indispensables para cumplir con las condiciones básicas de calidad que exige la reforma universitaria.
🚫La trampa de las comisiones organizadoras: De las universidades creadas, 33 apenas cuentan con una comisión organizadora asignada y las restantes 31 ni siquiera han iniciado ese proceso administrativo. Esto significa que, formalmente, no existe un cronograma real de apertura de aulas ni planes curriculares viables.
🚫Presupuesto fragmentado y precarización: El reporte muestra que varias de estas instituciones en el papel ya figuran con asignaciones dentro del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 2026. Esto atomiza y precariza los recursos públicos destinados a la educación superior. En lugar de fortalecer y ampliar filiales o vacantes de las universidades públicas de calidad que ya cuentan con licenciamiento, el Estado fragmenta sus recursos en decenas de pliegos ficticios que tardarán años en operar de forma segura.
🚫Iniciativa de gasto encubierta: Tradicionalmente, el Congreso no tiene iniciativa de gasto según la Constitución peruana. Al crear instituciones que demandarán inevitablemente recursos públicos, se bordea de manera sistemática este límite constitucional, generando falsas expectativas y frustración en los jóvenes de las regiones afectadas.
𝗘𝗹 𝗲𝘀𝗰𝗲𝗻𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗾𝘂𝗲 𝗵𝗲𝗿𝗲𝗱𝗮 𝗲𝗹 𝗽𝗿𝗼́𝘅𝗶𝗺𝗼 𝗴𝗼𝗯𝗶𝗲𝗿𝗻𝗼
A días de que se concrete el cambio de régimen en este 2026, el gobierno saliente y el Congreso dejan una bomba de tiempo administrativa en el sector Educación:
1. La presión social en las regiones: Los jóvenes y las autoridades locales de regiones como Puno, Cusco, Áncash, Piura y Junín (donde se concentra la mayoría de estas "universidades de papel") exigirán de inmediato el funcionamiento de las instituciones aprobadas por ley. El nuevo Poder Ejecutivo tendrá que lidiar con protestas y demandas presupuestarias para proyectos inviables en el corto plazo.
2. El desmantelamiento técnico de la Sunedu: Este "boom" de creaciones presiona a una Sunedu cuya institucionalidad ya venía debilitada por contrarreformas previas. Evaluar más de sesenta expedientes sin el rigor técnico adecuado debilita los estándares mínimos de la educación peruana.
3. El vacío de planificación: La falta de un cronograma definido de apertura obligará a la nueva gestión del Minedu a realizar un sinceramiento de la cartera de proyectos de educación superior, un proceso políticamente costoso que implicará priorizar qué proyectos son viables y cuáles deben ser desactivados o absorbidos.
La herencia de este Congreso es un mapa lleno de "universidades fantasma". La demagogia de legislar para la foto, sin sustento técnico ni fiscal, deja al sistema educativo peruano más atomizado y con la titánica tarea de ordenar el desorden presupuestal que se ha institucionalizado en el papel.
