04/06/2026
El Frente Amplio de Acción Social (FAAS) y su comité de Psicología y Salud Mental reafirma que la defensa de los derechos de la niñez es una de nuestras prioridades fundamentales.
Por ello, nos oponemos al Proyecto del Senado 1301, una medida que permitiría la grabación en audio y video de sesiones terapéuticas individuales de niños, niñas, adolescentes y otras poblaciones vulnerables.
Aunque se presenta como una medida de protección, entendemos que sus efectos pueden ser profundamente perjudiciales para la salud mental y el bienestar de la niñez.
Los niños y niñas tienen derecho a la intimidad. Ese derecho no desaparece cuando reciben servicios terapéuticos. Por el contrario, la confidencialidad forma parte esencial de la protección de su dignidad, de su seguridad emocional y de su capacidad para expresar libremente experiencias de abuso, violencia, negligencia, discriminación, ansiedad, depresión, miedo o cualquier otra situación que afecte su bienestar.
La terapia es uno de los pocos espacios donde muchos menores pueden hablar sin temor. Convertir ese espacio en uno de vigilancia permanente puede provocar autocensura, inhibición emocional y silencio precisamente cuando más necesitan pedir ayuda.
Además, esta medida se contrapone a principios fundamentales contenidos en los códigos de ética que rigen a las profesiones de ayuda, incluyendo la psicología, el trabajo social, la consejería, la terapia ocupacional, la terapia física y los servicios de habla y lenguaje. La confidencialidad, la protección de la privacidad y la construcción de una relación de confianza son componentes esenciales de una intervención efectiva y ética.
El proyecto también encarecería significativamente la prestación de servicios. Requeriría la compra, mantenimiento, almacenamiento y protección de equipos tecnológicos y sistemas de seguridad para custodiar información altamente sensible. Estos costos podrían ser particularmente difíciles de asumir para clínicas pequeñas, organizaciones comunitarias y profesionales independientes que ya enfrentan múltiples desafíos para sostener servicios accesibles.
De igual forma, existe el riesgo de que algunos profesionales decidan limitar o abandonar la prestación de servicios a menores y poblaciones vulnerables ante la intromisión inadecuada que esta medida representa sobre el proceso terapéutico, las responsabilidades adicionales que impone y los riesgos éticos y legales asociados al manejo de grabaciones permanentes.
La protección de la niñez no requiere sacrificar sus derechos. Existen mecanismos efectivos para investigar querellas, supervisar servicios y garantizar la seguridad de los menores sin destruir la confidencialidad terapéutica ni afectar la calidad de las intervenciones.
La niñez necesita más espacios seguros para sanar, no menos.
Por estas razones, el Frente Amplio de Acción Social exhorta al Senado de Puerto Rico eliminar el Proyecto del Senado 1301 y en su defecto a promover alternativas fundamentadas en evidencia científica, derechos humanos y el principio del interés superior del menor.
Defender la niñez también significa defender su intimidad, su dignidad y su derecho a ser escuchada en espacios seguros.
